El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Madrid ha suspendido de forma provisional el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que concedía la licencia urbanística para llevar a cabo la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Tras conocerse el auto, el Gobierno ha reconocido que este tipo de procedimientos retrasarían la ejecución.

En un auto con fecha 25 de febrero al que ha tenido acceso Efe, el juez José Yusty Basterrache paraliza cautelarmente la licencia de obras tras una demanda particular. El Consistorio madrileño tiene tres días para presentar alegaciones al texto judicial.

El magistrado impugna el informe del consistorio con fecha 26 de noviembre de 2019 por el que se declaraba "admisibles las actuaciones urbanísticas consistentes en levantado del pavimento de mármol, retirada de la losa de piedra que cubre la sepultura de Francisco Franco" y su "traslado a otro lugar".

Así, el juez argumenta que el acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de febrero de 2019 implica la "inminencia de la citada exhumación" con las obras y subraya que en el "caso de autos no se aprecia especial urgencia" para exhumar a Franco que lleva en el Valle de los Caídos 44 años.

El juez asegura que lo "realmente importante" de la demanda es que "a falta de expediente administrativo", que no dispone de ello, duda de que las obras sean "conformes a la legalidad vigentes" y si se pueden efectuar "con seguridad para las personas".

"Es decisivo recordar que se trata de remover unas losas de mármol que, a su vez tapan una losa de granito de, al parecer, 2.000 kilos de peso", advierten al tiempo que vislumbran un "riesgo evidente".

El juez se apoya en un dictamen pericial de dos arquitectos, José Ismael de la Barba Palacio y Enrique Porto Rey, que plantea que en la documentación aportada le "falta un riguroso análisis de la seguridad, estabilidad e instalaciones subterráneas que puede existir bajo la sepultura de Franco".

"Una decisión del Consejo de Ministros, por legítima y conforme a la legalidad que sea, lo que aquí no se cuestiona, no puede ejecutarse sin las garantías técnicas y mecánicas que puedan poner en peligro la vida o la integridad física de los técnicos u operarios", apostilla al tiempo que apunta al artículo 1º de la Constitución sobre la vida humana.

Contra el auto no cabe recurso y es firme aunque el Ayuntamiento de San Lorenzo tiene tres días para que "alegue lo que a su derecho proceda".

El Gobierno ha reconocido este martes que este procedimiento judicial "podrá retrasar" la fase final de la exhumación de Franco.

"Estos procedimientos judiciales, cualquiera que sea su resultado, podrían retrasar, en su caso, la fase final de ejecución material del acuerdo de la exhumación, fase en la que todavía no estamos y que precisa aún de otros trámites administrativos", han asegurado fuentes de la Moncloa.

El Ejecutivo ha lamentado el "obstruccionismo" que el entorno de Franco está practicando desde el anuncio del Gobierno para evitar la exhumación, en referencia al auto del juez José Yusty Basterrache, conocido por sus críticas a la Ley de Memoria Histórica.

Además critican desde Moncloa que el auto declara la suspensión cautelarísima de las actuaciones urbanísticas "sin ni siquiera haber escuchado al Ayuntamiento", al que da ahora tres días para que presente alegaciones.

Tras conocer este auto, el Gobierno ha recalcado que el expediente de exhumación de Franco sigue su curso "con absoluta normalidad". Ha admitido no obstante que las numerosas demandas judiciales que piden la suspensión -tiene contabilizadas doce- podrían retrasar la fase final de la ejecución del acuerdo de exhumación.

Por ello, han explicado que la Abogacía del Estado está trabajando para acumular todos los procedimientos judiciales en uno solo "para garantizar que exista un único pronunciamiento".

El auto lo ha dictado el juez Yusti, quien en 2007 redactó un artículo titulado 'Gobierno y armada española en la monarquía absoluta' en el que acusaba al entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de revivir "con oscuras intenciones todos los hechos y situaciones que llevaron a nuestra patria a aquellos momentos difíciles", en relación a la ley de Memoria Histórica.

Es también el mismo juez que en 2017 prohibió un acto previsto a favor del referéndum soberanista del 1-O en el Matadero, un lugar municipal de Madrid, y planteó que la libertad de expresión se puede ejercer en cines, teatros o en la calle y plazas, pero no en un espacio cedido por el Ayuntamiento.

Las primeras reacciones llegan de la mano de la vicesecretaria de Comunicación del PP, Marta González, ha asegurado este martes que el Gobierno de Pedro Sánchez ha actuado "con mucha imprevisión". En declaraciones en los pasillos del Congreso, González ha dicho que "sorprende" que haya "aparecido un nuevo tropiezo" en la tramitación de este proceso para exhumar los restos de Franco y ha añadido que "da la sensación de que el Gobierno ha actuado con mucha imprevisión".

"Por lo tanto, es otro impedimento más en este proceso de disparates por así decirlo que estamos viendo en estas últimas semanas de Gobierno socialista y que esperamos que en las urnas tengan ya su final definitivo", ha recalcado la portavoz del PP.